Como es de vuestro conocimiento, en mi calidad de presidente del Club Deportivo Coopsol S.A., presentamos, el 12 y 16 de diciembre de 2019, dos recursos ante la Comisión de Justicia, de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), solicitando se excluya a los clubes Deportivo Llacuabamba y Sport Chavelines de campeonatos presentes y futuros, por haber cometido fraude al mantener y pagar a jugadores profesionales, fingiendo éstos ser aficionados, y también solicitamos la exclusión de los clubes Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba, por haber los jugadores de ambos equipos disputado el último partido del Cuadrangular de Ascenso a la Liga 1 del fútbol profesional, poniéndose de acuerdo para no abrir el marcador, hecho que se denomina “amaño de partido”, y que es drásticamente sancionado por las  normas  de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y de la FIFA.

El sábado, 18 de enero de 2020, después de transcurrido más de un mes de la presentación de nuestros reclamos, hemos sido notificados por la secretaria de la Comisión de Justicia de la FPF, con dos sendas resoluciones que declaran infundados e improcedentes ambos recursos.

Para el caso de la presencia de jugadores profesionales, fingiendo ser aficionados, señala la Comisión de Justicia, que las pruebas presentadas, videos con las declaraciones de los propios implicados en hechos que atentan contra las normas del campeonato de la Copa Perú y normas FIFA, “no son medios probatorios fehacientes e idóneos que acrediten una vulneración de lo establecido en el artículo 2° del Reglamento Nacional de Inscripción y Transferencia de Jugadores del Fútbol Aficionado, toda vez que no se ha demostrado el tema pecuniario de manera directa o la sindicación de alguno de los jugadores del Club Social Cultural Deportivo Llacuabamba, siendo ello relacionado en términos generales como los egresos que generan, sea para cubrir gastos de infraestructura o administrativos, como también los conceptos de viajes, alimentación, hospedaje que demanda cada encuentro deportivo que realicen al ser partícipe de cada campeonato”.

En el Perú se está luchando para desterrar la corrupción, mal de males, que todo corroe, que todo mancha.

Los sobornos pagados por las empresas constructoras a los políticos y funcionarios del Estado para adjudicarse las obras nunca tendrán como correlato una factura o un recibo de quien recibió la coima. Si los jueces hubieran solicitado a los fiscales documentos valorados como prueba de los pagos indebidos, no tendríamos a ningún político o empresario investigado, ni procesado.

Las declaraciones grabadas en videos de altos ejecutivos de la empresa Odebrecht, y de aquellos personajes que sirvieron de intermediarios para lavar el dinero obtenido ilegalmente, han servido a los jueces para decidir encarcelar a gobernadores regionales, alcaldes e inclusive a presidentes de la República.

Entonces, ¿cómo es que a los miembros de la Comisión de Justicia de la FPF las declaraciones del propio presidente del Deportivo Llacuabamba, de su tesorero, de sus jugadores que, abiertamente, confiesan mantener una relación de dependencia con el club, y que su presupuesto mensual es de S/ 200,000.00, mayor que cualquier club profesional de la Liga 2, no sirven como prueba? Más bien nos exigen que les mostremos contratos, recibos, boletas; es decir, que el delincuente o el que infringe la ley que se autoinculpe y entregue al Club Deportivo Coopsol S.A. documentos privados para que esta Comisión resuelva a nuestro favor.

La corrupción no sólo se observa en la relación entre entidades del Estado con empresas y personas privadas, también está arraigada en las instituciones deportivas. Conocemos muchos casos; lo que ocurre en la FPF no es la excepción.

Lo grave es que, teniendo las Comisiones de Justicia la posibilidad de erradicarla de raíz, la alientan con sus fallos aberrantes.

Es de conocimiento público la forma cómo se desenvuelve el campeonato denominado Copa Perú. Sabemos que es un campeonato informal, corrupto, donde todo vale para llegar al objetivo; no alcanzaría las páginas de cien libros para documentar las tropelías que allí se manifiestan.

La segunda resolución de la Comisión de Justicia de la FPF, dice que “no basta con presentar como prueba el video de lo sucedido en el partido que disputaron, el 14 de diciembre de 2019, los equipos de los clubes Atlético Grau con Deportivo Llacuabamba; se debe aportar otras pruebas”. Por ejemplo, que evidencien, fehacientemente, la concertación entre jugadores, Comando Técnico o dirigentes para que el partido termine cero a cero.

Estimados amigos, ¿creen ustedes que, en algún lugar del mundo, de existir concertación para amañar un partido, tendríamos declaraciones de las partes, recibos por pago de dinero indebido, etc.? Es imposible. Otra vez la Comisión de Justicia se equivoca. La prueba contundente es la forma cómo jugaron ese partido los equipos, era más que evidente que había concertación previa, tal es así que el Director Técnico de Atlético Grau tuvo que retirase, antes de culminar el encuentro, en señal de vergüenza ajena al ver lo que sucedía.

La Comisión de Justicia debe impartir, ciertamente, justicia; no importa a quién le afecte. Apelaremos ambas resoluciones y denunciaremos los hechos sucedidos ante las instancias nacionales e internacionales que hubiere lugar. Luchamos sin desmayo por la transparencia, la honestidad y el juego limpio en el deporte.