Han transcurrido dos semanas desde el día en que el Presidente Martín Vizcarra decidió -para nosotros inconstitucionalmente- disolver el Congreso peruano. Se cierne un grave peligro para nuestra débil democracia. Nos preocupa que, de no responder a tiempo el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no de la disolución fáctica del Congreso, se lleven a cabo elecciones parlamentarias, y que los candidatos de la izquierda radical sean los elegidos.

Es de público conocimiento que los militantes de los partidos políticos de izquierda tienen como único objetivo llamar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución a su medida, que deje sin efecto la actual, y así desaparecer, por ejemplo, el capítulo económico y de libertad empresarial que son los pilares de la estabilidad económica que gozamos hoy.

Imaginemos un Congreso copado por militantes de izquierda, un Presidente de la República afín a los partidos Nuevo Perú o Perú Libre o Tierra y Libertad. No habrá necesidad de llamar a una Asamblea Constituyente, les bastaría dos legislaturas ordinarias para modificar la constitución y hacer todas las enmiendas que les dé la gana.

Somos conscientes de que el Congreso recientemente disuelto fue el peor que hemos observado a lo largo de nuestra vida, pero, más allá de la incapacidad, mediocridad e intereses particulares y ocultos que tenían algunos congresistas, el disolverlo no fue la mejor decisión. Dentro de un año y medio estaban previstas nuevas elecciones generales, donde los actuales congresistas están prohibidos, por ley, de presentarse y ser reelectos. El llamar a elecciones para el próximo enero de 2020 para elegir a congresistas que deben completar el período de los que fueron despedidos, es contraproducente y oneroso; y, como hemos señalado, muy peligroso.

Parece que la suerte está echada. El Tribunal Constitucional, por comodidad y temor, no se pronunciará antes de enero próximo, en relación a la demanda de competencia presentada por el Presidente del Congreso. Entonces todos los que defendemos la democracia y las libertades individuales, económicas y empresariales, debemos, primero, hacer oír nuestra voz sobre el peligro inminente que se cierne sobre nuestra Patria; luego, instar a los partidos políticos de centro, de centro derecha y de la derecha responsable que presenten buenos candidatos y que inicien actividades promocionando las bondades del libre mercado y de la pésima gestión que el Estado como empresario genera. Ejemplos propios negativos tenemos muchos: Ecasa, Enci, Aero Perú, etc., y en Latinoamérica, Venezuela y Cuba, países destrozados por el comunismo.

Es suficiente con la cantidad de empleados que el Estado mantiene en los gobiernos regionales, municipalidades y ministerios. La Municipalidad de Lima alberga más de siete mil trabajadores, con trescientos trabajadores eficientes le sobra y basta para conducir con propiedad Lima Metropolitana.

También es importante resaltar que los líderes de la izquierda peruana no son ajenos a la corrupción. Vemos a la anterior alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en la cárcel, acusada de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita para delinquir; a los esposos Humala Heredia involucrados en graves actos de corrupción, a Verónica Mendoza, apoyando sin vergüenza a Odebrecht y anotando en la agenda de Nadine Heredia los ingresos recibidos del gobierno de Hugo Chávez.

Estamos avisados. Un gobierno de la izquierda es peor que el más desastroso gobierno de derecha. La izquierda copa y vive del Estado, no genera nada, son mediocres por naturaleza, pregunten cuántos empresarios conocen de filiación marxista; nosotros no conocemos a ninguno.