Las instituciones tutelares en un país democrático, como el nuestro, son y deben ser el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los dictámenes o sentencias que emiten los fiscales y jueces garantizan justicia que, al final, es el bien supremo que todos esperamos alcanzar.

Si ambas instituciones, por alguna razón subalterna, no cumplen su rol y se venden o inclinan al mejor postor, entonces habremos caído en el peor de los mundos, donde prime la ley del más fuerte.

Ocurre que en nuestro Perú la justicia ha tenido un precio, pero, ante el avance de la tecnología, la presencia masiva de la Internet, el nacimiento de las redes sociales y por las reclamaciones del pueblo, empezó a cambiar.

Todos somos testigos que las principales autoridades públicas del país, al llegar al poder, sólo buscaron enriquecerse, para lo cual concertaron con empresas y empresarios corruptos, a quienes le aseguraron obras futuras a cambio de una coima pagada de antemano. Ejemplo: la constructora Odebrecht financió campañas electorales a casi todos los Presidentes de la República y a sus más cercanos colaboradores.

Todos sabemos el nivel de corrupción que alcanzó nuestra Patria; sabemos la inmundicia de políticos que hemos tenido, pero, al no tener más armas que la justicia para enfrentarlos, esperamos mucho tiempo verlos entre rejas. Hoy que la luz se observa al final del túnel, un sinvergüenza decide asilarse y dice que hay persecución política en su contra, dice que los fiscales que lo investigan reciben órdenes del gobierno de turno, y pretende vender esta farsa al mundo.

Imagínense, señores, que, a partir de hoy, decidimos asilarnos ante el requerimiento de un fiscal, alegando persecución política y falta de garantías.

Para mis amigos que me leen en el exterior, pese a las imperfecciones del sistema de justicia en el Perú, ésta camina. Confiamos y recurrimos a ella cuando nos vemos afectados, nuestro país es libre soberano, tenemos total libertad para expresarnos, a nadie se le persigue por sus ideas. Las evidencias que involucran a los que hoy están siendo juzgados son contundentes.

Alan García tiene mucho qué responder y esperamos que el Gobierno del Uruguay no le conceda el asilo y, si lo hace, que el Presidente Vizcarra no le otorgue el salvoconducto.

San Isidro, 26 de noviembre de 2018.